Miami (10 de junio de 2019).- A un año
de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) que responsabilizó al Estado de Colombia por la muerte y la
violación del derecho a la libertad de expresión del periodista Nelson Carvajal,
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Robert F. Kennedy Human
Rights (RFK Human Rights) evalúan el cumplimiento de las medidas de
reparación ordenadas por el Tribunal.
La SIP y la RFK Human Rights consideraron que el
Estado colombiano cumplió con el punto resolutivo del fallo conocido el 6
de junio de 2018, relativo a la celebración de un acto público de
reconocimiento de responsabilidad internacional con la presencia de 18
miembros de la familia Carvajal. Las organizaciones destacaron la buena
voluntad y disposición del Estado, así como lo expresado por el presidente
de Colombia, Iván Duque, en un discurso en el que asumió la responsabilidad
internacional por el caso y expresó que el gobierno cumplirá con todas las
obligaciones emanadas de la Sentencia.
Sin embargo, la SIP y el RFK Human Rights subrayaron
que siguen sin cumplirse en su totalidad ni en el plazo estipulado las
obligaciones referentes a la continuación de las investigaciones y el
proceso judicial; atención de salud para las víctimas y compensación por
daños materiales e inmateriales. Carvajal fue asesinado el 16 de abril de
1998 en Pitalito, Huila.
Otros casos de Colombia que la SIP y RFK Human
Rights junto a la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) dan
seguimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el
de Guillermo Cano, director de El Espectador de Bogotá, asesinado el 17 de
diciembre de 1986, por el cual a fines de mayo fueron procesados dos
sospechosos por su presunta participación en el asesinato ocurrido hace 32
años.
Tanto por el caso Cano como en el del periodista
deportivo Carlos Lajud Catalán, asesinado el 19 de abril de 1993 en
Barranquilla, la CIDH formuló recomendaciones al Estado de Colombia que,
entre otras, contemplan que se investigue, juzgue y sancione a los autores
materiales e intelectuales de los asesinatos. Las organizaciones instan al
gobierno colombiano a cumplir en su totalidad con las recomendaciones.
Asimismo, la SIP junto a gobiernos de la región
continúan con procesos de solución amistosa a través de la CIDH, en los
casos de Gerardo Bedoya, asesinado en Cali, Colombia el 21 de marzo de
1997; Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en Hermosillo, México desde el 2
de abril de 2005 y Aristeu Guida da Silva, asesinado el 12 de mayo de 1995
en São Fidélis, Río de Janeiro, Brasil.
Por el caso de Manoel Leal de Oliveira, asesinado el
14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahía, Brasil y por el cual se firmó un
acuerdo de solución amistosa en 2009, la SIP consideró un avance el
compromiso de investigar de manera efectiva y sancionar a todos los autores
materiales e intelectuales. El 22 de mayo la Justicia condenó a uno de los
participantes en el asesinato.
La SIP también da seguimiento a los siguientes casos
sometidos ante la CIDH: Juan Carlos Encinas y Carlos Quispe, Bolivia; Ivan
Rocha, Edgar Lopes de Faria, Luiz Otávio Monteiro, Reinaldo Coutinho da
Silva, Jorge Vieira, Nivanildo Barbosa Lima, Ronaldo Santana de Araújo y
Mário Coelho Filho, Brasil; Hernando Rangel Moreno, Julio Daniel Chaparro
Hurtado, Jorge Enrique Torres Navas, Jairo Elías Márquez, Colombia; Héctor
Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Francisco Ortiz Franco y Benjamín
Flores Morales, México.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la
defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las
Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio
occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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